Una de las muchas responsabilidades de un alcalde es la representación del Ayuntamiento que preside. Algo que más de una vez muchos políticos olvidan a la hora de gobernar cuando hay problemas.

Hoy me apetece hablaros de la dejación de funciones que realiza la alcaldesa de Llucmajor. Una dejación que además ha llegado a niveles muy peligrosos por la crisis de salud pública que sufren los vecinos porque no se recoge la basura de las calles. Hoy hablamos de la crisis de basuras que sufre este municipio mallorquín.

2015-2023: Un poco de historia

Como todo en esta vida, es necesario que sepamos la historia de las cosas para hablar con propiedad y entender de dónde vienen los problemas antes de poder plantear soluciones.

2015: Un contrato nefasto

Corría el año 2015 y el Ayuntamiento de Llucmajor estaba gobernado por un gobierno integrado por completo por el Partido Popular (PP). Entre ellos una joven concejal que logró la alcaldía en el año 2023. Gobernaban en solitario porque tenían una mayoría absoluta y no dependían de ningún otro partido para aprobar los asuntos que llevaban a la sala de Plenos.

Pues dicho año el PP de Llucmajor decidió licitar el servicio de recogida de basuras del municipio, pero únicamente el que atañe a los contenedores de rechazo (el gris). Una licitación que nació ya muerta, porque en el contrato no había clausulas que tipificaban las infracciones por incumplimiento del contrato.

Vamos, que se le daba poder total para que la empresa incumpla reiteradamente el contrato y no le pase nada. La única opción legal que dejaban ya entonces es la rescisión por incumplimiento.

Al proceso de adjudicación participaron dos empresas: FCC y una UTE de Melchor Mascaró con otra entidad. El ganador, por precio y «mejoras que ofrecía» fue FCC.

2016-2018: Basura y más basura

Como ya os podéis imaginar, con semejante desastre de contrato público para el servicio de recogida de basuras empezó el infierno de las basuras en todo el municipio de Llucmajor. Aunque las zonas más afectadas fueron Urbanizaciones y s’Arenal durante la legislatura 2015-2019.

Además de los incumplimientos reiterados que la empresa FCC hacía, hay que sumar que se estaban caducando los contratos de las otras empresas de recogida de basura que se encargaban de los contenedores de reciclaje y la limpieza de las calles. Cada vez más se estaba estrechando el cerco sobre el Ayuntamiento y la situación no hacia más que empeorar.

Muchos consideraban entonces que el tema de la basura fue el dardo envenenado que dejó el PP de Llucmajor a quienes gobernarían tras ellos perder las elecciones. Y sí, fue el dardo envenenado, junto a la deuda pública que había, pues el gobierno que le precedió no logró sobrevivir las elecciones de 2019. Ahora bien, tampoco tomaron cartas en el asunto con la situación, dejando pasar una oportunidad de evitar que el problema aumentase.

2019: Ampliación del contrato

Llegamos al año 2019 y tras esas elecciones se forma un nuevo gobierno. El PP recupera el poder, pero esta vez lo hace en coalición (aunque un año después rompería con sus socios más exigentes con lograr cambios en el tema de las basuras).

Este año se acuerda entre el Ayuntamiento y la empresa FCC una modificación del contrato dentro del margen legal existente: máximo un 20% más del precio inicial y siempre que sea por un motivo de interés público y se haya incluido la opción en las cláusulas del contrato.

Dicha modificación fue para incluir el servicio de recogida de basuras puerta a puerta diferenciado con reciclaje para el núcleo de Llucmajor. Además de incluir una serie de artículos para sancionar a la empresa si incumplía el servicio (aunque muy leves).

Es importante este dato, porque es donde se gasta la baza legal para el conflicto existente a día de hoy en pleno mes de noviembre de 2024. Al no poder aprobarse otra ampliación del gasto, no se puede legalizar el acuerdo por mejora del servicio.

2020-2023: Prosigue la odisea

Con la llegada del COVID el tema de las basuras quedó un poco en un segundo plano y se redujeron temporalmente las acumulaciones de basuras en Urbanizaciones y s’Arenal, pero a medida que se normalizaba la situación el problema volvía a ser evidente.

Uno de los factores que más han afectado es el crecimiento de la población. No es lo mismo la gente que había en todo el municipio en 2015 que la que hay en 2023, y aún menos si tenemos en cuenta la población visitante que no está empadronada pero en temporada alta generan residuos en el municipio.

2024: La mayor crisis de basuras de Llucmajor

Tras las elecciones de 2023 el PP de Llucmajor revalidó la mayoría en coalición y la que en 2015 fue una concejal desconocida ahora en 2023 se erigió alcaldesa.

Una alcaldesa que hace casi 10 años votó a favor del peor contrato de recogida de basuras aprobado en la historia de Llucmajor. El dardo envenenado de 2015 volvió como un bumerán y en 2024 le impactó fuerte.

Marzo de 2024: Convocatoria de huelga

A principios de 2024 los trabajadores de la empresa FCC, con todo el derecho del mundo y con exigencias justas y necesarias, pidió a la empresa que actualice los sueldos al convenio vigente. La empresa en ese momento contactó a la alcaldesa y le pidió una de estas dos cosas: o que el Ayuntamiento se haga cargo de la subida de sueldos a costa de los vecinos (algo ilegal porque el contrato firmado responsabiliza a la empresa de ese coste y ya se había gastado la baza legal en 2019) o que el Ayuntamiento y la empresa rescindan el contrato por mutuo acuerdo amistoso (también ilegal porque hay expedientes de incumplimiento y por tanto el Ayuntamiento no puede hacerlo por mutuo acuerdo). Lo que pretendía la empresa es eludir sus obligaciones con los trabajadores y pasar el problema al Ayuntamiento. Un buen gobernante hubiera rechazado ambas propuestas y presionado con una rescisión por incumplimiento.

Con esta situación la alcaldesa optó por prometer en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB) que el Ayuntamiento se saltaría la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) abonando a dedo una cuantía de medio millón de euros a la empresa FCC.

La alcaldesa sabía que no era legal el pago, porque como constó en el mismo documento de la firma en el TAMIB, los servicios de intervención (máximo órgano de fiscalización de todo tema económico en el Ayuntamiento) informaron que no le correspondía al Ayuntamiento pagar esa cuantía, sino a la empresa.

La huelga que se esperaba para el mes de marzo fue desconvocada, la alcaldesa respiraba tranquila porque el verano no iba a tener problemas, o al menos eso ella creía.

Julio de 2024: La alcaldesa se echa atrás

Como ya se veía venir, los servicios jurídicos del Ayuntamiento se pronunciaron nuevamente sobre el acuerdo ilegal: no se puede pagar ese dinero. Pese a ello la alcaldesa tramitó para votar en el Pleno que ese dinero se apruebe para ser transferido a la empresa FCC. Eso sí, llegado el día del Pleno ella, antes de que se lo pidiera algún partido de la oposición, retiró el punto para evitar votarlo.

El motivo de esa retirada es el siguiente: si un concejal o cargo público vota a favor de una resolución o propuesta que implique cometer un delito, éste sera responsable personal de dicho delito. En pocas palabras, que votar el pago con informes jurídicos en contra donde se pone en manifiesto que no es legal es cometer un delito de prevaricación.

Tras esto la alcaldesa no volvió a comentar el tema y volvió a estar en silencio mientras pasaban los meses sin pagar el dinero a la empresa FCC. Harta, la empresa anunció a los trabajadores que les bajaría el sueldo porque el Ayuntamiento incumplía. Es aquí donde estalla el conflicto laboral de nuevo.

Noviembre 2024: Nueva huelga

Se convoca una huelga indefinida para el 6 de noviembre y la alcaldesa, para tratar de tapar su responsabilidad en todo este asunto, echa la culpa a la oposición. Una táctica sin sentido, porque ella tiene mayoría y podría aprobar el pago ilegal si de verdad quisiera cumplir su palabra del acuerdo alcanzado en febrero.

El próximo Pleno del 11 de noviembre tratará de este asunto, pero no pinta que vaya a haber una resolución ya que la alcaldesa no ha enviado la documentación a tratar a la oposición. Algo que demuestra, una vez más, que todo son palabras sin contenido de fondo.

Posibles escenarios

Ahora que sabemos qué ha ocurrido y cómo hemos llegado aquí, veamos los posibles escenarios que hay:

Pagar ilegalmente

En primer lugar, y el menos probable de todos: la alcaldesa y su gobierno se suicidan en lo político y lo personal y tramitan el pago con los informes jurídicos demoledores en contra. La empresa FCC recibe el dinero, los trabajadores abandonan la huelga y en unos años está media Corporación municipal en los juzgados imputados por prevaricación.

Sufrir la huelga y patalear

En segundo lugar, y el más probable de todos: la alcaldesa y su gobierno juegan a intentar echar la culpa a la oposición y no tramitan nunca el pago. Se escudan en que haya concejales en contra, aunque sean mayoría, y así tratan de desviar la atención de su responsabilidad mientras hay una huelga indefinida.

Rescindir el contrato y buscar otra empresa

En tercer lugar, y es la que sería más conveniente para el municipio: la alcaldesa y su gobierno rescinden el contrato con FCC por incumplimiento de las cláusulas del contrato. Se contrata de urgencia a otra empresa para dar el servicio y se prepara lo antes posible licitar un nuevo contrato de basuras que subsane todas las deficiencias del existente. Si bien es cierto que es la más conveniente, implica un duro momento para la fase de adaptación entre una empresa y otra, pero es la que solventa el problema de raíz.

Mi recomendación

Por un lado, como concejal en este Ayuntamiento y conocedor de todo lo que ha ocurrido desde el principio, ya he ido recomendado el tercer escenario desde hace años. El problema se veía venir y la alcaldesa en vez de apagar el fuego ha ido echando gasolina con sus mentiras deliberadas a los trabajadores de la empresa de limpieza y a los vecinos con tratar de tapar el problema sin solucionarlo.

Por otro lado, como economista he defendido desde 2016 que se hiciera un nuevo contrato que incluya no solo el servicio de la recogida de rechazo, sino el de los contenedores de reciclaje y la limpieza de las calles para evitar duplicidades y destinar el ahorro a un mejor servicio. Desde 2020 soy partidario de ir más lejos y crear una empresa pública debido a que hay 44 millones de euros de remanente de tesorería en las arcas municipales y un superávit anual que oscila, según el año, entre 6 y 9 millones de euros.